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La ley de educación superior argentina ha establecido la obligación universitaria de trabajar en docencia e investigación. Centrando la atención en la función de investigación, se observa que en el momento de sanción de la ley no todas las universidades tenían antecedentes y actividades significativas, con lo cual eran necesarias políticas de cambio. La estructura argentina se caracterizaba por el diferente grado de desarrollo de investigación entre las distintas instituciones y las diferentes posibilidades de financiamiento y la existencia de instituciones de investigación vinculadas al gobierno en forma directa. Concomitantemente con la ley de educación superior se estableció la política de financiamiento mediante el sistema de Agencia, coexistiendo con el programa de financiamiento de ciencia y técnica para las universidades y el programa de incentivos a los docentes investigadores, además de otros instrumentos. Hasta la creación del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, las actividades indicadas, excepto las últimas, estaban en el ámbito del Ministerio de Educación; posteriormente, todos los organismos que no eran universidades migraron al nuevo ministerio. Se pretende analizar las políticas ha seguido el gobierno nacional en este proceso, esencialmente el financiamiento y la orientación de la investigación de las universidades, teniendo en cuenta las implicaciones para el desenvolvimiento y desarrollo de los cuerpos docentes y el funcionamiento universitario. |
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